El Comisario Europeo de Empleo y la garantia juvenil #nomeparo

El ComisarioEuropeo de Empleo durante el almuerzo con los medios en  Madrid

(Jaime Barreda. Foremad)

En el almuerzo del Comisario Europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Lazslo Andor, con los medios en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid tuvimos ocasión de conocer las líneas maestras de empleo juvenil de la Unión Europea para los próximos años.

Las tres acciones en las que se va a centrar la Unión Europea en su política de empleo para solucionar el paro juvenil son: la garantía juvenil, el contrato único flexible y la concesión de créditos blandos a las empresas para que contraten a jóvenes menores de 25 años.

En cuanto a la garantía juvenil no es otra cosa que inyectar 6.000 millones de € a los países de la Unión Europea para garantizar una obligación de contratar o dar formación a los jóvenes en los 4 meses siguientes al término de sus estudios o al quedar desempleado. De esta cantidad 920 millones son los que corresponderían a España para el plazo 2014 al 2020.  Esta iniciativa está enmarcada dentro de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Jóven recientemente impulsada por el Gobierno de España

En el plano de la formación ya se está haciendo algo parecido actualmente con los parados que pueden optar a cursos o programas mixtos de empleo cuya financiación provienen en un 60% del Fondo Social Europeo y el 40% restante la Comunidad Autónoma correspondiente, pero en este caso con la garantía juvenil la diferencia estaría en el compromiso de contratación o de formación obligada a los 4 meses de terminar los estudios o quedar desempleados a jóvenes menores de 26 años. Una especie de regularización de un derecho generalizado a un trabajo o formación en ese plazo para los jóvenes. Según el comisario esto generaría un retorno económico positivo, el refuerzo de sistemas públicos de empleo y un ahorro de 16.000 millones para los Estados miembros. Si bien es cierto que esos efectos son discutibles el responsable de empleo de la Unión Europea todavía no ha entrado a detallar en qué consistiría ese ahorro. 

Como ya apuntó el Presidente Barroso 920 millones de no serían suficientes para hacer efectiva dicha garantía (ni 60.000 tampoco) entre un sector juvenil en paro que alcanza el 56% aquí en España y que por tanto exige que la mayor parte del esfuerzo lo tendrán que realizar las CCAA.  Esta propuesta en un país que está atravesando una crisis que le sitúa en en la cola del paro, con solamente Grecia por detrás, no parece una idea muy oportuna cuando lo que se intenta es combatir el gasto desmedido de las Autonomías en una Administración elefantiásica y que es uno de los principales quebraderos de cabeza de la economía española. Pero estas son las directrices que nos vienen ahora desde Europa.

A largo plazo este tipo de garantías o derechos generalizados para un sector tan amplio como son los parados jóvenes españoles no deja de ser un planteamiento que aboga por el crecimiento del gasto público. Sería conveniente ver primero si se puede implementar en la práctica, teniendo en cuenta que proliferan ciertas tendencias políticas en el parlamento europeo, muy dadas a incrementar el gasto público, restringir la iniciativa privada y prometer expectativas de derechos que estéticamente funcionan pero que a largo plazo podrían tener un alto coste para el conjunto de los ciudadanos. 

Por otra lado la Unión Europea no deja claro qué clase de estudios o contrato de trabajo son los que generarían derecho a la garantía juvenil (universitario, formación profesional, etc...) algo bastante importante ya que de lo contrario se podría producir una situación de encadenamiento indefinido de generación de derecho a garantía juvenil que sería muy perjudicial en términos presupuestarios y laborales. 

En cuanto a la garantía juvenil a partir de 2014, cada Estado miembro deberá desarrollar las acciones concretas necesarias para que todos los jóvenes accedan a estas oportunidades, y para ello podrán optar a fondos comunitarios que se distribuirán en función de la situación del empleo juvenil en cada país. Es de suponer que dentro de las acciones concretas que tiene que desarrollar cada Estado miembro se podría solucionar vía reglamento el problema del encadenamiento de contratos o períodos de formación, pero no queda tan claro si ello resolvería el tema de la contención del gasto público en las Autonomías. Por su parte la ministra española Bañez pidió a la UE que conceda "flexibilidad" para que cada país aplique la iniciativa "en función de sus circunstancias nacionales, sin que se frustren las expectativas y teniendo en cuenta el proceso de consolidación fiscal".

Otro aspecto que habría que tener en cuenta es que la garantía juvenil no acabe perjudicando a otros colectivos de dificil insercion laboral como son los parados mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres embarazadas,  etc...al ofrecer unas condiciones de contratación más atractivas para los empresarios, o para las escuelas encargadas de impartir esa formación perjudicando así a estos otros colectivos.

Dentro de las políticas activas de empleo ésta podría ser una buena oportunidad para conseguir que se avance en la conciliación laboral y la concesión de créditos blandos a empresas para que contraten o formen no solamente a jóvenes sino a otros colectivos que reunen varias características de dificil inserción laboral a la vez, como ser menores de 26 años y mujeres en situación de embarazo por ejemplo.

También podría ser un magnifica oportunidad para aprovechar mejor los recursos reestructurando los programas formativos a parados pues muchos módulos cuestan mucho dinero y no sirven absolutamente para nada, como la impartición de una serie de horas en materia de igualdad de género a futuros electricistas, fontaneros, etc...cuando lo que necesitan es trabajar y lo antes posible.

Alemania y Francia ya han anunciado que preparan un plan para combatir el paro juvenil en la UE que podría movilizar hasta 60.000 millones de euros en créditos blandos para empresas que se comprometan a contratar a menores de 25 años.

La idea es que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) utilice este fondo como garantía para obtener en los mercados hasta diez veces más de financiación -es decir, 60.000 millones de euros- que luego prestaría a las empresas que participen en el programa.

"Sería concebible establecer un vínculo entre las condiciones de crédito y la creación de puestos de trabajo y oportunidades de formación", asegura el presidente del BEI, Werner Hoyer. El plan se utilizará además para financiar la implantación del sistema de formación profesional dual en los países del sur de Europa y para ampliar el programa de intercambio de estudiantes Erasmus, asegura Hoyer.