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FOREMAD, MADRID- La crisis económica ha concedido una importancia sin precedentes a la creación de empleos, incluso a la conservación de los existentes.


El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se reúne mañana en la Real Casa de Correos con representantes de los sindicatos CC.OO. y UGT y la patronal madrileña CEIM para presentarles el documento del nuevo Plan de Empleo que prepara el Gobierno regional. Este Plan, tal y como avanzó el presidente esta semana, recoge una batería de medidas para incentivar el empleo como la puesta a disposición de locales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) en condiciones muy económicas, un programa de microcréditos para emprendedores por valor de 25 millones de euros y que habrá capacidad de ampliar hasta los cien millones, e iniciativas específicas para impulsar la contratación de jóvenes y mayores de 45 años


Sería interesante saber que medidas contiene dicho plan para eliminar obstáculos administrativos en la creación de empresas, algo que como veremos también tiene mucho que ver con la creación de empleo, tal y como señala la OCDE.

El aumento del paro da prueba del impacto real de la crisis en las personas y frenar su vergonzante escalada es, aún hoy, cinco años después del estallido de la tormenta financiera, un reto de grandes dimensiones para los dirigentes de todo el mundo. 


La conclusión, si no es ya la solución en sí misma, pasa por que los gobiernos concedan incentivos a la pequeña y mediana empresa, que tienen un potencial inaudito para crear puestos de trabajo. Pero no todos los países facilitan el camino a los emprendedores y a los empresarios, aunque las pymes representen el 95% del tejido empresarial y casi el 70% de los empleos en los países de altos ingresos de la OCDE. El informe «Doing Business 2011», que divulga el Banco Mundial de manera anual y mide la facilidad para crear negocios en 183 países, no sitúa a España en el podio. La coloca en el puesto número 49. Las políticas más ejemplares son, en este sentido, las de Singapur, Hong Kong o Nueva Zelanda, en los tres primeros puestos del ránking. Aún así, por delante de España se encuentran Reino Unido y Estados Unidos (en la cuarta y quinta posición, respectivamente) o Irlanda (9), Alemania (22), Francia (26) y Portugal (31). De entre los «periféricos», sólo Grecia cuenta con peor nota que España y se ve relegada al puesto 97. 

La radiografía de España es la de un país en el que abrir un negocio supone una carrera de obstáculos administrativos. Inscribir una sociedad requiere 10 procedimientos, mientras que el promedio de las economías de la OCDE, que aglutina a los 30 países más ricos del mundo, se sitúa en 5,6. Conlleva 47 días, cuando la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es de 13,8. Y representa un costo, en porcentaje del ingreso per cápita de la economía, de un 15,1%, con lo que casi triplica la media de la OCDE (5,3%). Asimismo, en España, registrar una propiedad supone hasta 18 días. Y en cuanto a los impuestos, pagamos más. Por si fuera poco, si la empresa no funciona, cerrarla también es más caro. 

La creación de empleo en España clama así «un marco laboral específico para emprendedores, la reducción de los trámites administrativos y financiación, que se dé capacidad crediticia a las nuevas empresas», según Marta Martí, vicepresidenta de la Comisión de Promoción de la Empresa en la CEOE. Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, «la única forma de reducir el paro pasa por emprender». Y a juicio de José Ramón Pin, profesor del IESE, «el autoempleo es la solución al desempleo y, para eso, hay que simplificar los trámites administrativos».


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